El gerente general de la Fiduciaria Reservas, Andrés Vander Horst Álvarez, afirmó que es imposible que mediante el contrato de administración delegada de la generadora eléctrica Punta Catalina, se pueda traspasar ese bien público al sector privado.
“No hay que tener temor porque Punta Catalina no se va a privatizar. Eso es imposible. No se está buscando privatizar, todo lo contrario, es para eficientizar para que esa planta genere energía y esa energía sea para el bien de todos los dominicanos al no tener que sufrir los apagones de otros años por no tener una planta bien administrada”, manifestó el ejecutivo de Fiduciaria Reservas.
Entrevistado por Pablo McKinney en el programa televisivo “McKinney”, por Color Visión, el funcionario explicó que “cuando se hace un fideicomiso, el mandato específico es que el agente fiduciario, por ley tiene prohibido, civil y penalmente, enajenar esos bienes”.
A juicio de Van del Horst Álvarez, es imposible que se pueda enajenar a Punta Catalina mediante el contrato de fiducia que está en el Congreso y recordó que “no hay precedente de fideicomisos públicos ni privados en República Dominicana donde haya sido aprobado por el Congreso Nacional. No hay manera”, agregó.
Afirmó que la Constitución es muy clara al establecer que para enajenar un bien público hay que pasar por el Congreso Nacional “y nosotros (Fiduciaria Reservas) tenemos como mandato firmar todos los contratos. La última firma, sea de acciones, sea de deuda, la tiene la Fiduciaria Reservas. El día a día lo maneja un comité técnico, pero la Fiduciaria Reservas tiene que llevar todos los procesos para no contradecir las leyes y la Constitución de la República”, indicó Van der Horst Álvarez.
Explicó que si en el futuro el gobierno decide liquidar el fideicomiso, tiene que hacerlo vía el Congreso Nacional y luego de ahí puede hacer otro tipo de operación con Punta Catalina.
Definió la figura del fideicomiso como un instrumento de desarrollo muy noble si se utiliza sin politización.
Consideró que Abinader y este gobierno han encontrado en el fideicomiso una forma legítima y transparente de poder financiar proyectos importantes como el de Punta Catalina que permite al gobierno negociar nuevas inversiones en el sector energético.
Al definir el rol de los integrantes del fideicomiso, Vander Horst Álvarez explicó que el “fideicomitente es el dueño del bien, el fiduciario, en este caso Fiduciaria Reservas y el fideicomisario recibe los beneficios y en el caso es el mismo Estado”, mientras que el fideicomitente adherente, un inversionista particular que actuará como socio de negocio, pero que no traspasa los bienes.
Manifestó que por el momento Punta Catalina es rentable y puede mantenerse operando en el tiempo.
En el caso del Comité Técnico, Vander Horst Álvarez dijo que son expertos en administración de empresas energéticas, no para dictar políticas de energía.
Expresó que está claro en la ley que el presidente de la República puede cambiar a los integrantes del comité técnico.
Definió al fideicomiso como un “instrumento de desarrollo donde ese bien no pueda ser vendido, alquilado o demandado”.
Vander Horst Álvarez recordó que la ley en el país tiene diez años y más de 200,000 familias han obtenido viviendas como Ciudad Juan Bosch, entre otros
“Punta Catalina es el mismo contrato de Red Vial que maneja las carreteras, se ha financiado con inversiones del mercado, sin deuda soberana”,expuso, tras agregar que “la planta debe ser manejada con criterio empresarial porque forma parte de un mercado competitivo, y ella genera 30% de la energía”.
Explicó que el presidente Luis Abinader prometió reorganizar el sector eléctrico y con la eliminación de la CDEEE tenía la opción de crear en Catalina una empresa pública porque la planta se manejaba como un programa, tomar más deuda soberana o hacer un fideicomiso que puede manejarse con financiamiento del mercado sin hacer deuda soberana, puede dejar beneficios de 200 millones al año “y puede evitarse que la privatice o que la venda”.
Explicó que el Estado podía convertir a Punta Catalina en una empresa pública con la generadora hidroeléctrica dominicana (EGEHID) pero las necesidades de financiamiento tenían que pasar por el Congreso Nacional y eso aumentaría la deuda pública.
